La cruzada del gobierno de Paraguay contra las conexiones ilegales de minería de Bitcoin no se detiene. La Justicia allanó una instalación clandestina que operaba en la ciudad de La Colmena, donde se encontraron 260 mineros y una potencia de 2000 kilovatios.
La orden judicial fue llevada a cabo ayer por funcionarios de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (ANDE) y del Ministerio Público. Al igual que en otros casos recientes en el país sudamericano, se desplegó un operativo con efectivos policiales para intervenir un inmueble que sustraía energía sin autorización desde una red de media tensión.
El fiscal Marcelo García de Zúñiga instruyó la intervención en la que se incautaron 260 equipos ASICS y 2 transformadores de distribución. Uno de ellos, con una capacidad instalada de 45 kVA, y el otro de 3.150 kVA.
Según las autoridades, el daño patrimonial por “robo de energía” representaba mensualmente unos 889.485.000 de guaraníes, lo que equivale a un monto aproximado de 118 mil dólares. A ese monto se le suman los gastos de intervención y aplicación de multas que deberá afrontar la persona identificada.
El abogado de la ANDE, Diego Fernández, señaló que la demanda de energía fácilmente “se podría comparar con lo que se consume en toda la ciudad de La Colmena”, reprodujo el diario ABC.
La anomalía se detectó tras una verificación y control de la línea de media tensión que presentaba variaciones en la demanda eléctrica en la compañía Yvaroty, ubicada en la mencionada ciudad que depende del departamento de Paraguarí.
Como reportó CriptoNoticias, para esta tarea de investigación se usó software de inteligencia artificial (IA) y el sistema SCADA de distribución. Esta tecnología permite monitorear el comportamiento energético y el funcionamiento de las llaves telecomandadas de la red.
Los responsables de la granja de minería de Bitcoin habrían intentado formalizar las instalaciones. Según informó la ANDE, hubo una consulta previa en media tensión a nombre de una usuaria, identificada como Mirta Ortiz de Segovia, para hacer uso de un puesto de distribución de 45 kVA.
Sin embargo, las autoridades indicaron que la solicitante estaba “sin contrato aún para la provisión del servicio de energía eléctrica”, lo que expuso su situación irregular ante la falta de una autorización oficial.
Frente a las irregularidades, la ANDE instruyó una denuncia formal ante la Fiscalía de Ybycui por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274), según el Código Penal paraguayo.
El gobierno de Santiago Peña sostiene una postura confrontativa contra las conexiones clandestinas. Las autoridades patearon el tablero al allanar la mayor granja ilegal de procesamiento de criptomonedas, que contaba con unos 2.738 equipos ASICs en las cercanías de la ciudad de Saltos de Guairá.
En total, se incautaron más de 9.000 de estos dispositivos en los últimos meses. Desde 2019, se llevaron a cabo 67 intervenciones a suministros conectados de manera ilegal. Y lo que va del 2024, hasta el 30 de mayo, se han realizado 20 intervenciones de gran magnitud que se hicieron públicas. La de La Colmena sería la número 21.
Según publicación de medios paraguayos, se radicaron 50 causas penales por este tipo de ilícitos y aún no se recuperó ningún monto por el presunto perjuicio patrimonial. De esta manera, quedó explícita una práctica recurrente de robo de energía.
Si bien la postura oficial oscila entre la prohibición y la legalización, desde el Poder Ejecutivo observan que la venta de energía eléctrica es un negocio que puede resultar beneficioso. Es que las empresas que minan criptomonedas compran energía a un valor mayor que otros grandes consumidores.
El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, reveló que desde la administración de Peña quieren “hacer lo inteligente” y darles la energía excedente a los mineros digitales legales. Para cumplir con esa meta, deberían tener al menos 10.000 nuevas industrias.
“Estamos corriendo para atraer industrias, pero qué bueno sería si mieabcntras tanto hacemos lo inteligente y le damos la energía a las criptominerías, donde hay demanda, para que la usen mientras tanto”, sostuvo el funcionario ante la prensa local.
Estas cuentas cierran desde el orden fiscal. El excedente energético de Paraguay que se vende a Brasil se hace con una tarifa de USD 12,60, aproximadamente. Por el contrario, las granjas de minería de Bitcoin legales pueden pagar “hasta tres veces más” a las arcas públicas.
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