El gobierno de Paraguay está tomando medidas enérgicas para perseguir a los mineros de criptomonedas clandestinos que aprovechan de forma ilegal la red eléctrica para extraer monedas digitales como Bitcoin.
Las autoridades de Paraguay diseñaron una estrategia conjunta para combatir las operaciones de minería de criptomonedas ilegales que roban energía y afectan la eficiencia de la red eléctrica nacional.
En una reunión celebrada la semana pasada, los representantes de la Administración Nacional de Energía (ANDE), el Ministerio Público y la Corte Suprema del país, acordaron articular acciones conjuntas para combatir con celeridad las operaciones de minería de criptomonedas ilegales que afectan la calidad del servicio de energía eléctrica.
Los organismos gubernamentales de Paraguay diseñan estrategias para combatir la criptominería ilegal, por consiguiente:
- Perseguirán y sancionarán a los mineros de criptomonedas que roben energía a la red eléctrica.
- El ministro de Industria y Comercio no descartó la instalación de minería de Bitcoin regulada.
- Considera que la creación de una industria planificada podría ser beneficiosa, brindando ingresos al país
Las tres instituciones establecieron una alianza institucional múltiple que permitirá al Ministerio Público abordar estos casos con facilidad, incorporando varios aspectos que detallan la persecución y castigo a los mineros que roben energía eléctrica.
En el marco de la nueva estrategia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, aseguró que los tribunales del país atenderán estos casos con rapidez, dando garantías de que se seguirá el debido proceso de tal forma que los procesos judiciales culminen con la individualización y castigo de los responsables.
Minería de Bitcoin en Paraguay
En los últimos años, Paraguay se ha convertido en un paraíso para la minería de Bitcoin y otras criptomonedas debido a sus abundantes recursos energéticos y sus bajos precios de electricidad. Sin embargo, esto también ha tenido su lado negativo.
En 2022, la ANDE, la compañía estatal de energía, anunció nuevas tarifas más elevadas de energía para los mineros de criptomonedas en medio del crecimiento del negocio. El gobierno argumentó en ese momento que el aumento de la electricidad de hasta un 50% para el rubro tenía como objetivo reservar la energía para sectores más productivos.
Desde entonces, Paraguay ha estado advirtiendo sobre el crecimiento de las operaciones mineras ilegales de criptomonedas y su efecto en la estabilidad energética del país. A finales de 2022, ANDE alertó sobre múltiples operaciones ilegales de minería de criptomonedas que desviaban energía de la red eléctrica sin pagar, estimando pérdidas de USD $400 mil mensuales.
En el comunicado que recoge el reciente acuerdo interinstitucional, las entidades gubernamentales de Paraguay detallaron que, desde 2019 hasta la fecha, se han presentado “más de 60 denuncias penales” por sustracción ilegal de energía vinculada a la minería de criptomonedas. Esos casos se encuentran en proceso, y algunos incluyen imputaciones y confiscaciones de equipos.
Las autoridades agregaron que, desde 2023, se han realizado 43 intervenciones a la red eléctrica, equivalente a 4 veces la demanda eléctrica de la ciudad de Villarrica, con poco más de 78.000 habitantes, que afectaron la calidad de los servicios de energía eléctrica y provocaron “graves daños patrimoniales” a la ANDE.
La minería regulada y planificada sería beneficiosa
A unos días de la reunión, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, se manifestó sobre este asunto, asegurando que la minería de criptomonedas planificada podría ser “una buena opción para que Paraguay“, reiterando que el problema de fondo son las instalaciones de minería ilegal que aprovechan gratuitamente la energía eléctrica.
“La que daña y la que tiene que ser erradicada del Paraguay es la criptominería ilegal. Estas son máquinas que entran de contrabando, se instalan en depósitos clandestinos, se conectan directamente a las líneas de la ANDE y succionan la energía en barrios que probablemente no estén preparados para eso”, indicó.
Haciendo mención al reciente repunte de precio de Bitcoin, que actualmente se cotiza alrededor de los USD $71.000, Giménez defendió la idea de fomentar la minería de criptomonedas regulada, argumentando que esta industria podría ofrecer maneras para monetizar mejor la energía que actualmente se vende a Brasil a bajo costo.
Continuó diciendo que los ingresos generados potencialmente por una industria regulada y planificada de minería de Bitcoin, podrían permitir al país financiar las obras de infraestructura eléctrica que requiere.
Añadió a esta idea que el problema actual del país son las granjas de criptominería clandestinas es que afectan la eficiencia del suministro eléctrico, calificando el robo de energía como “la cara fea” de una industria que “si se hace bien, puede traer beneficios“.
Una criptominería que se instala en Paraguay y que funciona planificada con la ANDE, le paga una tarifa extraordinaria y eso le puede servir para generar los recursos para hacer la infraestructura de la que hoy carece.
La sustracción de energía eléctrica está tipificada como delito según el Código Penal de Paraguay, con expectativa de pena privativa de libertad de hasta tres años o sanciones monetarias.
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