En la última semana, Paraguay y Venezuela han acaparado la atención mediática debido a su relación con la minería de Bitcoin. Estos dos países suramericanos se han destacado en el panorama informativo por la adopción de medidas que impactan de manera significativa en el sector, aunque cada uno por motivos diferentes.
De esta forma, mientras en Paraguay el gobierno ha desatado una persecución en contra de la minería clandestina, en Venezuela se decidió desconectar a todas las granjas mineras, incluyendo las permisadas. Son medidas que se aplican en países que destacan por la abundancia de recursos hidroeléctricos que pueden ofrecer a bajo costo, aunque la situación es diferente en cada uno de ellos.
De esta forma, mientras en Venezuela la energía es económica porque suele ser subsidiada por el Estado, Paraguay, por su lado, tiene excedentes energéticos que también se ofrecen a precios bajos. Aun así, hay denuncias de una falta de actualización de la infraestructura paraguaya que genera algunas fallas en el servicio.
La situación es más complicada en el país caribeño, donde se habla de un fuerte deterioro en la infraestructura eléctrica. Algo que -según los expertos- impide que se genere lo que requieren los venezolanos.
Tal como indican los especialistas, la situación se debe a una falta de inversión y mantenimiento que ha causado que muchas plantas de energía estén desactualizadas y operen por debajo de su capacidad. A pesar de ello, el gobierno venezolano ofrece energía en venta a Brasil.
El gobierno de Paraguay ahora persigue a los mineros ilegales
La persecución en contra de los mineros en Paraguay comenzó a tomar fuerza desde el año pasado. Esto a pocos años de haberse convertido en un polo de atracción para los productores de hash, que se han estado instalando principalmente en el este paraguayo cercano a la represa de Itaipú. Allí se centró la industria con un creciente flujo de empresas que han obtenido permiso gubernamental.
Sin embargo, según el gobierno, también comenzó a proliferar en la zona el consumo ilegal de energía eléctrica, una práctica que asocian a la minería clandestina de criptomonedas. Alegan, en ese sentido, el impacto negativo que tienen las tomas ilegales de los mineros de Bitcoin en la red de distribución eléctrica y las pérdidas millonarias que esto genera al Estado.
Con base en ello, desde inicios de este año los principales representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de ese país, acordaron articular acciones conjuntas «tendientes a combatir las conexiones irregulares en el suministro de energía eléctrica por parte de personas que realizan la actividad de minería de criptomonedas».
Entre las primeras acciones de la alianza estatal está la firma del «Convenio de Cooperación Interinstitucional», el cual supone el trabajo conjunto para la persecución y castigo de los mineros de Bitcoin clandestinos. La intención es que los procesos judiciales contra los operadores que roben electricidad para minar, «culminen con la individualización y castigo de los responsables».
Tal hecho ha causado que el decomiso de mineros se haya vuelto una práctica común en el país suramericano. Desde principios de este año, se han confiscado más de 5.000 mineros ASIC. Las acciones judiciales se han ejecutado en, al menos, 17 redadas a granjas que ha detectado la ANDE, junto con funcionarios de seguridad.
Adicionalmente, el Legislativo evalúa un proyecto de ley que establece penas de privativa de libertad por hasta 10 años para quienes realicen la actividad sin permiso. Se ha planeado incluso la prohibición de la actividad, una propuesta presentada en abril pasado cuyo debate en Senado fue pospuesto.
Se trata de una medida extrema que se hizo realidad en Venezuela, donde el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela en conjunto con Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el Ministerio Público (MP) acordaron desconectar la totalidad de las granjas de minería de Bitcoin.
La situación de los mineros de Venezuela es más desesperada
Tras el anuncio de desconexión, el gobierno de Venezuela ha procedido a desconexión de granjas y la incautación de equipos. El pasado 17 de mayo se conoció de la confiscación de unos 2.300 mineros ASIC y para este lunes 20 de mayo se anunciaron más allanamientos en el estado Carabobo, al centro del país.
Las autoridades señalan al sector por las continuas fallas eléctricas que se presentan en todos los estados del país. Según el Ministerio de Energía Eléctrica, la desconexión «evitará el alto impacto en la demanda, lo que permite seguir ofreciendo un servicio eficiente y confiable a todo el pueblo venezolano».
Un planteamiento que ha sido cuestionado no solo por los mineros sino también por muchas personas que comentan el hecho en las redes sociales.
La eliminación de las granjas de minería de Bitcoin en Venezuela se da en medio de una fuerte incertidumbre regulatoria, provocada por la intervención de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Esto, en medio del escándalo de corrupción que estalló el año pasado y que involucró, tanto a este ente supervisor, como a la empresa petrolera estatal (PDVSA).
La situación representa un grave retroceso para la industria en Venezuela, y coloca a los mineros en una situación desesperada al ser acusados del problema eléctrico que afecta al país. Así que por ello hacen un llamado al gobierno para «ser parte de la solución», recordando que son empresas a las que se les había otorgado autorización para operar legalmente, que además estaban pagando por el consumo eléctrico.
«Podemos hacer una negociación de ganar ganar porque los mineros aportamos recursos para reconstruir el sistema eléctrico mediante la integración de la minería en los procesos industriales», declaró un minero a CriptoNoticias. No obstante, el panorama luce bastante complicado y no es fácil predecir cuál será el futuro de esta industria en el país.
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