La República de las Islas Marshall ha concluido sus conversaciones anuales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se espera que el país experimente un crecimiento del producto interior bruto (PIB) este año en una recuperación tras el impacto del COVID-19 y la contracción de su industria pesquera, según las conclusiones del FMI. Sin embargo, el cambio climático y las organizaciones autónomas descentralizadas (OAD) siguen siendo una amenaza.
La República de las Islas Marshall se extiende por más de 1,000 islas de la región del Pacífico Central. Tiene una altitud media de dos metros sobre el nivel del mar y una población de unos 56,000 habitantes. Con un PIB en 2022 de USD 261 millones, la venta de un solo barco pesquero provocó una caída del PIB de 4.5% ese año.
Las reformas fiscales son necesarias en las Islas Marshall antes de un nuevo Pacto de Libre Asociación con Estados Unidos que entrará en vigor en 2024, dijo el FMI, y las iniciativas fintech «plantean riesgos para la integridad financiera de las Islas Marshall».
La República de las Islas Marsharll aprobó una ley que reconoce a las DAO como personas jurídicas y les permite constituirse como sociedades de responsabilidad limitada en 2022, medidas que provocaron un profundo malestar en el FMI:
«La promulgación de la Ley DAO y la medida para iniciar el registro de las DAO […] son especialmente preocupantes dadas las limitaciones de capacidad y las dudas sobre la comprensión de las autoridades para regular y supervisar adecuadamente estas iniciativas».
El FMI aconsejó a la República de las Islas Marsharll que estableciera una moratoria sobre el registro de las DAO. El FMI aconsejó que el país creara primero una autoridad monetaria. No está claro si ya se ha registrado alguna DAO en el país.
El país también corre el riesgo de perder su última cuenta de corresponsalía en dólares estadounidenses debido a la preocupación que suscitan su sector fintech y «offshore» en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La pérdida de cuentas de corresponsalía, conocidas como derisking, aísla a un país de la economía internacional y se considera controvertida desde el punto de vista de la justicia social.
El FMI también aconsejó derogar el SOV, su moneda digital del banco central (CBDC). Aunque en general el FMI se inclina favorablemente por las CBDC, también presionó a la República de las Islas Marsharll para que abandonara su proyecto de CBDC en su consulta de 2021, afirmando que el país no estaba preparado para ello.
El SOV aún no ha sido lanzado.
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