Bitcoin (BTC) cierra un año peculiar. Si bien en este 2023 el precio está en terreno positivo, superando el rendimiento de cualquier índice bursátil, no fue en la sección de finanzas, sino en la sección política donde más aparecieron menciones a bitcoin en los medios no especializados. Desde audiencias en el Congreso de Estados Unidos y denuncias de la SEC, hasta nuevas restricciones para impedir a empresas argentinas ofrecer bitcoin a sus clientes, las regulaciones y el debate regulatorio dominaron buena parte del ciclo informativo sobre bitcoin.
Es muy probable que en 2024 el panorama se magnifique, especialmente si bitcoin mantiene la tendencia en el precio y reinicie el ciclo casi cuatrienal de euforia y FOMO. Por ejemplo, el próximo año podría confirmarse la aprobación de un proyecto de ley que incorpora las directivas del organismo internacional de vigilancia financiera GAFI en la legislación argentina. Este es uno de los partidos que se jugarán en una avanzada anti-privacidad contra usuarios y fintechs que operan con bitcoin y criptomonedas.
Desde la ONG Bitcoin Argentina buscan frenar esta tendencia restrictiva que marcó el 2023 en Argentina. La Ley Bitcoin, el proyecto de ley presentado la semana pasada en el marco de LaBitconf, será uno de sus principales caballitos de batalla. Con un Congreso argentino que el 2024 incorporará a varios legisladores pro-Bitcoin, la ONG podría tener alguna chance de introducir el tema en el debate legislativo, si algún congresista lo adopta como propio.
Ley Bitcoin en Argentina
Más allá de sus probabilidades de éxito, el proyecto plantea cuestiones interesantes a ser tomadas en cuenta por cualquier legislación amigable con bitcoin alrededor del mundo, sin la necesidad de la declaración como moneda de curso legal.
El proyecto de ley comienza con un primer artículo dirigido a proteger los derechos de los usuarios, al garantizar el ejercicio a “desarrollar, adquirir, poseer, tener, operar, y enajenar sin restricciones bitcoin y otros criptoactivos”. Además, agrega el proyecto, “la ley protege la propiedad y derechos sobre los criptoactivos”.
Este último punto, en cuanto a los derechos y propiedad sobre los criptoactivos, es una capa legal que brinda una protección adicional a las tenencias de bitcoin, pero ciertamente muy inferior a las cualidades nativas que tiene la red para proteger los derechos de propiedad mediante la matemática.
Sin embargo, es una cláusula necesaria si el proyecto aspira a brindar una mínima protección legal a los usuarios que poseen promesas de recibir bitcoin por parte de cuentas en casas de intercambio, billeteras custodial, o cualquier otro servicio con riesgo de contraparte. De cualquier manera, el nivel de protección entre ambas es incomparable.
Uno de los aspectos más interesantes de la regulación es que se edifica sobre el principio del realismo pragmático, entre otros. Esto implica reconocer las limitaciones que puede tener un texto legal al querer regular ciertas actividades o tecnologías que están por fuera de su alcance o que no pueden exigirlas. Por ejemplo, una ley que prohíba mantener una copia de la cadena de bloques de Bitcoin sería inaplicable, salvo que el gobierno esté dispuesto a verificar casa por casa la existencia de nodos de Bitcoin.
Desde este principio, la ley le brinda a criptoactivos centralizados, o servicios que ofrecen servicios vinculados a los criptoactivos, la posibilidad de optar por dos caminos posibles. El primero de ellos es obtener una licencia en Argentina que sería alcanzada por las regulaciones locales, la principal ventaja para estas empresas será la posibilidad de acceder a servicios bancarios para ellos y sus clientes y una mayor protección frente a reclamos judiciales.
También podrían elegir no obtener esta licencia. “Respecto de la categoría de ‘centralizados sin licencia’”, dice la ONG en un documento, “se les permite operar libremente (ya que de otro modo igual habrán de operar, en forma más o menos clandestina, transnacional o como sea), pero se los desincentiva” haciendo judicialmente responsables por posibles daños a todas los individuos y empresas involucrados en aquel servicio o token, incluyendo a los emisores, a quienes facilitaron el comercio y a promotores o embajadores del proyecto.
De esta manera “se otorga a los usuarios la protección judicial más amplia posible, garantizando el derecho a reclamar por daños derivados de incumplimientos y de hacerlo ante la jurisdicción local de su domicilio”, concluyen desde la ONG.
Paternalismo regulatorio
Este enfoque que brinda distintos marcos regulatorios para cada caso, otorga a empresas y usuarios la libertad de acción como la norma general, en vez de una regulación restrictiva y con carácter preventivo.
Frente a la postura paternalista que tienen los gobiernos con sus ciudadanos, al que en muchos casos buscan proteger de causarse un eventual daño a ellos mismos, este proyecto de ley pone a la responsabilidad individual en el centro de la escena, de todos los actores, y permite a cada uno actuar según su propio apetito al riesgo o incertidumbre regulatoria.
De alguna manera restablece el valioso principio del derecho comercial romano de caveat emptor: el comprador debe estar atento. Es el usuario quien deberá averiguar los riesgos a los que se enfrenta cuando decida interactuar con estos servicios. El proyecto, en parte, evita infundir esa falsa seguridad que generan muchas regulaciones y que llevan a la idea equivocada de considerar que algo es seguro porque tiene una regulación gubernamental.
La capa regulatoria es una capa extra-protocolo de Bitcoin, que puede afectar la forma en la que los usuarios interactúan con la red, y el comportamiento de empresas que brindan servicios asociados a Bitcoin, pero no tiene impacto alguno en el funcionamiento en la red. Los bloques se seguirán generando cada aproximadamente diez minutos, incluso si las regulaciones más intrusivas terminen por alcanzar cualquier otra alternativa monetaria.
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