El Ministerio de Justicia del Reino Unido presentó hoy al Parlamento británico una propuesta regulatoria que busca reconocer a las criptomonedas, incluyendo a Bitcoin, los tokens no fungibles (NFT) y los créditos de carbono tokenizados, como propiedad personal. Esta normativa pretende ofrecer protección legal a propietarios y empresas contra el fraude y las estafas relacionadas con criptomonedas.
Según lo informado por el gobierno británico, la propuesta de ley también facilitará a los jueces tratar “casos complejos” en los que las posesiones digitales estén en disputa o formen parte de acuerdos, como en casos de divorcio.
“Nuestros servicios legales líderes en el mundo forman una parte vital de nuestra economía, ayudando a impulsar el crecimiento y mantener a Gran Bretaña en el centro de la industria legal internacional”, comentó la ministra de Justicia, Heidi Alexander.
La noticia también significa que el sector legal del Reino Unido estará mejor equipado para responder a las nuevas tecnologías, atrayendo más negocios e inversiones a la industria de servicios legales, que ya vale 34.000 millones de libras al año para la economía, señala el gobierno británico.
El gobierno británico define los activos digitales como “extremadamente amplios, abarcando una variedad de cosas como archivos digitales, registros digitales, cuentas de correo electrónico, créditos de carbono digitales, criptoactivos y tokens no fungibles (NFT)”.
Esta iniciativa se presenta más de un año después de que el Rey Carlos III diera la sanción definitiva al Proyecto de Ley de Mercados y Servicios Financieros (FSMB), según informó CriptoNoticias, lo que marcó un nuevo paso en la regulación de las criptomonedas en el país.
Además, esta ley busca clarificar los derechos sobre activos digitales, proporcionando una base legal sólida para la industria y para los usuarios, reconociendo así las características únicas de estos activos que van más allá de los medios de pago tradicionales.
La Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales propone la creación de una nueva categoría legal, “objetos de datos”, para dar cuenta de estas posesiones digitales, lo que refleja la intención del gobierno de adaptar el marco regulatorio a la era digital.
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