La emisión de la licencia 57 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que habilita las interconexiones de la banca pública de Venezuela con sistemas financieros internacionales, se entendió como una “señal de partida” para fintechs y empresas del sector de los activos digitales interesadas en entrar al país. Pero podría no ser tal cosa.
Puntos clave:
- Garrido sugiere que toda empresa de criptomonedas sea “sandboxeada” antes de operar en el país.
- El especialista dice que, de momento, no hay compañías extranjeras de criptoactivos en el radar.
De acuerdo con Aníbal Garrido, director de la Academia Blockchain, Trading y Cripto (BT&C) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), las compañías internacionales del sector interesadas en operar en el país caribeño siguen atravesando un panorama complejo en materia técnica y regulatoria, aun con la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En diálogo con CriptoNoticias este viernes 17 de abril, Garrido explicó que, hasta que no desaparezca la figura total y completa de las sanciones, es complejo operar en el país.
“Y todo va a depender del apetito de riesgo de la empresa que quiera iniciar operaciones en Venezuela. Si el apetito es amplio, probablemente tengamos una gigantesca empresa del sector con cuarteles generales y demás en un futuro. Pero si son conservadoras, no van a tocar Venezuela hasta que se solvente el tema OFAC”, dijo.
Asimismo, el especialista recalcó que el ecosistema venezolano de criptomonedas, como cualquier otro, tiene sus propias regulaciones que deben ser respetadas por las empresas del sector si el objetivo es operar dentro del marco legal. En sus palabras, estas compañías deben “amarrarse los pantalones” antes de entrar al país petrolero.
“Si no estableces lo mínimo necesario, el onboarding, el abordaje inicial, no veo en este momento posibilidad de que alguna empresa, a excepción de que se esté manejando de manera muy privada, llegue a Venezuela”, dijo. “Para meterse aquí, tú tienes que agarrar y amarrarte los pantalones. Y para eso necesitas garantía y seguridad jurídica y cumplir con los debidos patrones de cumplimiento, como en cualquier país del planeta Tierra”, señaló.
Añadió el especialista que, hasta ahora, no existe evidencia alguna de aproximaciones formales de nuevos actores internacionales del sector de las criptomonedas ante el regulador nacional, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip).
Comentó también que el ecosistema venezolano, al ser pequeño, está interconectado, por lo que todo movimiento de este tipo se siente primero en ese campo. Algo que, según él, no ha ocurrido hasta el momento.
“Sí hay actores dentro del ecosistema nacional que están optando por licencia y están esperando, más no así se maneja a nivel internacional”, subrayó Garrido.
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El debate sobre la llegada de empresas y servicios de criptomonedas a Venezuela, producto de la flexibilización de las sanciones, fue inicialmente impulsado por Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial.
Él afirmó en una entrevista recogida por CriptoNoticias esta semana que esa suavización de las restricciones financieras a la banca pública venezolana pudiera “abrir el universo cripto” para el país.
Aunque lo anterior pudiera ser cierto a raíz de lo que significa Venezuela en términos de mercado para el ecosistema de criptomonedas, Garrido aclaró que, para que una empresa del sector opere en ese país, se requiere la introducción de documentaciones pertinentes a fin de obtener la licencia de la Sunacrip.
“Esto involucraría no un tema de intención, sino un tema efectivamente de querer evaluar y poder penetrar el mercado en Venezuela”, señaló. “Y eso en este momento, repito, internacionalmente, con la información que se maneja, extraoficialmente puedo decir que no está en el mapa”, insistió.
La extensa reestructuración de Sunacrip suma otra capa de complejidad
Más allá, Garrido advierte que la situación actual de Sunacrip, que está por cumplir cuatro años de reestructuración ordenada por el Ejecutivo tras el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto, suma otra capa de complejidad a las intenciones de empresas extranjeras.
“No resulta sencillo, digamos que es un sistema que ahorita está hermético, no sé si será por estrategia, no sé si será por voluntad política, no sé si será por algún otro elemento. El Estado es quien toma la determinación, pero no hay pisos en este momento para poder ver a un actor internacional penetrando el ecosistema venezolano, al menos en lo relacionado al tema de casas de intercambio”, dijo.
La reacción de Garrido responde al reciente anuncio de Qash, un neobanco de stablecoins que, en voz de su director ejecutivo y fundador, Boris Spiwak, anunció que se expandiría “agresivamente” en Venezuela, producto de las ventajas que ofrece la licencia de la OFAC.
Sin dar detalles de cómo, el directivo de esa fintech aseguró que se han estado “preparando” para este escenario de desbloqueo, que calificó como una “señal de partida”.
Para Garrido, a menos de que haya conversaciones entre esa empresa y el regulador, se trata de un anuncio “aventurado” de un movimiento que, según él, no se ha sentido en el ecosistema venezolano de criptomonedas, el cual, insistió, está “muy interconectado”.
“Me parece aventurado decir ‘estamos listos para penetrar al ecosistema venezolano’ cuando el ecosistema, como cualquier otro, tiene una regulación a la cual tú te tienes que atener. Y esa regulación de una u otra manera, más allá de ser restrictiva, es una regulación que establece controles”, remarcó.
Tal regulación es la establecida en el Decreto Constituyente sobre Criptoactivos, aprobado en 2018, el cual dicta las normas para que una empresa del sector de las criptomonedas opere en Venezuela.
Esas normativas fueron calificadas de “extremadamente rígidas y restrictivas” por el economista Oliveros, ya que, a su juicio, no permiten “desarrollar” el sector.
Garrido sugirió que, además de los controles técnicos y regulatorios, las empresas de criptomonedas interesadas en operar en Venezuela deberían ser “sandboxeadas”. Es decir, dentro de un entorno de pruebas reguladas para determinar la factibilidad del servicio, que, según sus cálculos, requiere una inversión de entre 500.000 y 1 millón de dólares solo en integraciones y software.
Cualquier iniciativa desde el punto de vista fintech y tecnológico que se desarrolle en nuestro país tiene que ser sandboxeada y tiene que pasar por un ecosistema de pruebas: 100, 200, 300, 400 usuarios, de manera tal que esa prueba, esa caja de arena controlada y regulada, le permita a la fintech, le permita al exchange, a la criptoempresa, y al regulador, poder estar seguros de que el producto está cumpliendo con todas las medidas, no solamente desde el punto de vista tecnológico, de ciberseguridad, sino también, obviamente, de cumplimiento. La conjunción entre el ecosistema de las finanzas tradicionales y el sistema de las finanzas descentralizadas solamente se puede dar a través de la conjunción que da la norma, que da cumplimiento, y esa es la única garantía de que esto efectivamente, desde mi perspectiva, pueda llegar a magnificarse.
Aníbal Garrido.
El ecosistema venezolano, aunque atractivo por su alto nivel de adopción, sigue siendo un entorno cerrado y vigilado. Para Garrido, la única garantía de éxito para una empresa de criptomonedas en Venezuela es seguir los lineamientos, ponerse firmes y apoyarse en la conjunción entre la norma y la tecnología. De lo contrario, aseguró que las empresas chocarán contra un “muro de concreto” legal y financiero.
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